Desde el Grupo Trashumantes y la Red Patagónica de Derechos Humanos deseamos expresar nuestro más enérgico rechazo a este nuevo y burdo intento por judicializar la protesta social, en este caso con una denuncia motorizada por la legisladora Angélica Guzmán con el patrocinio del abogado Juan Ladereche.
Se pretende condenar a los dirigentes gremiales docentes Raúl Arce y Horacio Catena, junto al estatal Daniel Moreno, por estar al frente del reclamo que protagonizaron miles de trabajadores fueguinos rechazando la intentona de aquellos legisladores y funcionarios del actual Ejecutivo que pretendieron embolsarse 150 millones de pesos como botín de retirada.
Los trabajadores y los sectores populares tenemos memoria y sabemos del accionar de estos políticos que no dudan en sesionar por la madrugada o retirarse por la puerta de atrás, con tal de concretar sus leyes de ajuste que solo sirven para engordar sus bolsillos, como ocurrió con la Ley 278 o la 460.
Eso es lo que les duele, no haber podido concretar en esta oportunidad este nuevo saqueo. No las cuatro bancas que se rompieron en el intento de los compañeros por no ser reprimidos y para poder evitar una nueva,votación de los legisladores contra los intereses de la mayoría de los fueguinos.
Llamamos a todos los sectores que dicen defender los intereses gremiales y sociales a rechazar esta pretendida judicialización de un justo reclamo, acompañando a los compañeros que se pretende sentar en el banquillo de los culpables.
Se pretende condenar a los dirigentes gremiales docentes Raúl Arce y Horacio Catena, junto al estatal Daniel Moreno, por estar al frente del reclamo que protagonizaron miles de trabajadores fueguinos rechazando la intentona de aquellos legisladores y funcionarios del actual Ejecutivo que pretendieron embolsarse 150 millones de pesos como botín de retirada.
Los trabajadores y los sectores populares tenemos memoria y sabemos del accionar de estos políticos que no dudan en sesionar por la madrugada o retirarse por la puerta de atrás, con tal de concretar sus leyes de ajuste que solo sirven para engordar sus bolsillos, como ocurrió con la Ley 278 o la 460.
Eso es lo que les duele, no haber podido concretar en esta oportunidad este nuevo saqueo. No las cuatro bancas que se rompieron en el intento de los compañeros por no ser reprimidos y para poder evitar una nueva,votación de los legisladores contra los intereses de la mayoría de los fueguinos.
Llamamos a todos los sectores que dicen defender los intereses gremiales y sociales a rechazar esta pretendida judicialización de un justo reclamo, acompañando a los compañeros que se pretende sentar en el banquillo de los culpables.
Trashumantes Río Grande
Red Patagónica de Derechos Humanos y Sociales
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